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Contraloría analiza retrasar en un año aplicación de normas de contabilidad del sector público

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26-09-2014

 

La Contraloría General de la República (CGR) sigue trabajando a toda marcha en la redacción de las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (NICSP), que son análogas las IFRS aplicadas en el sector privado. 

En diciembre, la normativa estará publicada en el Diario Oficial en una resolución aprobada por el contralor general de la República. Y, si bien inicialmente se fijó que en el año 2015 empezaban a operar las NICSP en más de 200 entidades públicas, desde la Contraloría afirman que se está evaluando postergar su entrada en vigencia en un año. Consideran que podría ser razonable permitir un período más amplio para capacitar y modificar el sistema informático de los organismos. 

De ser así, la obligatoriedad de la implementación partiría en enero de 2016, ya que la normativa no puede quedar vigente a mitad de año, pues el proceso tiene que involucrar una apertura inicial de los estados financieros, por lo que siempre tendrá que partir el primero de enero.

Las NICSP regirán para todos los ministerios y sus servicios dependientes, el Poder Judicial, el Congreso Nacional y la propia Contraloría, que deberán presentar nuevos estados financieros basándose en los principios de las nuevas normas.

Durante este año, la CGR desarrolló una especie de plan piloto con un grupo de 13 organismos y constituyó mesas de trabajo para escuchar las necesidades de cada uno de ellos y ver la factibilidad de implementar puntos específicos.

La Contraloría también contó con asesoría del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) durante todo este año en seis visitas distintas. La última se realizará durante el mes de octubre. El organismo también financió un diplomado —que se le adjudicó a la Usach— donde se capacitó a funcionarios de los 13 servicios públicos del plan piloto. 

Mauricio Cuevas, socio de IFRS de Grant Thornton —una de las auditoras que participa en el proceso—, explica que durante este año se ha diplomado a 120 personas del Ministerio de Salud y sus 29 servicios del país, 50 personas del Servicio Salud Metropolitano Sur Oriente, 50 profesionales del Ministerio de Obras Públicas (MOP) y 120 del Ejército. 

Nuevas exigencias


Uno de los principales cambios que traerá la normativa es que los bienes nacionales de uso público como las carreteras empezarán a estar contabilizados como un activo. Es decir, se tendrá que reconocer toda la infraestructura pública dentro de los estados financieros de la entidad que corresponda.

“Uno de los principales desafíos consiste en incorporar todos los activos de infraestructura con que cuenta nuestro país, tales como carreteras, caminos, puentes, aeropuertos, represas, obras hidráulicas y concesiones, ya que ninguno de tales bienes está registrado en los estados financieros”, dice Cuevas.

Una de las principales dificultades será efectuar un catastro de todas las obras de infraestructura y luego de ello determinar cuál será la forma de valorización más apropiada, para definir el valor con que serán incorporadas a los estados financieros. 

“Existen en la actualidad alrededor de 120 mil kilómetros de carretas y caminos en nuestro país que deben ser inventariados y valorizados para incorporarlos como activos en la contabilidad de la nación, tarea no menor”, agrega. 

Las obras de infraestructura concesionadas también tendrán que quedar registradas en los estados financieros del MOP. Para el Ejército y Fuerzas Armadas se debe incorporar y valorizar sus activos tales como tanques, buques, aeronaves, armamento, instalaciones militares, etc.

Fuente: EMOL

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